"Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero especialmente para los que no pueden congraciarse con la patria, porque carecen de pan y de justicia.". JOSÉ ANTONIO

28 de julio de 2011

Mis disculpas

Aunque resulte pretencioso, pues implica presumir de que hay alguien leyéndome con quien deba disculparme, quiero hacerlo aunque sea con uno sólo de los que con infinita paciencia me leen, por mi prolongado silencio de estos días, que les aseguro está justificado.

Tango tanto trabajo que apenas me queda tiempo para filosofar. Y veo sufrir tanto a gente a la que quiero, que todo lo cotidiano me parece aún más contingente, prosaico y despreciable. No tengo tiempo ni ganas de escribir.

De estos días atrás, sólo decir que aún no salgo de mi asombro de que nadie se haya llevado las manos a la cabeza tras escuchar a Rubalcaba eso de "Lo que quieren es que no sigamos haciendo lo que estamos haciendo" tras la matanza de Noruega a manos de un psicópata fanático, masón y desnortado. Lo ha vuelto a hacer. Lo hizo tras el atentado de Atocha y no ha resistido la tentación de volver a tratar de convertir la sangre en votos. Triste espectáculo que ni siquiera solivianta mínimamente las conciencias adormecidas de nuestros congéneres.

Necesito un descanso.

Un abrazo

LFU

17 de julio de 2011

17 de julio de 1936. Último Manifiesto de José Antonio


Hoy hace cuatro años que comenzó la nueva andadura de Arriba bajo mi modesta pluma. Y en este LXXV aniversario, en vísperas de que, una vez más, el Congreso de los Diputados vaya a perpetrar otra estúpida condena del 18 de julio bajo la excusa mendaz de atribuirle un carácter de golpe militar fascista -que jamás tuvo salvo en la mente de los esbirros de Stalin-, no veo por qué no voy a reproducir lo que entonces dije y hoy ratifico:

Si algo bueno tiene este gobierno presidido por el más dañino Presidente de los que en España han sido, es que, al socaire de la mal llamada "memoria histórica" -plato de postre que nos tiene preparado ZP para finalizar su nefasta legislatura- nos permite recuperar la memoria de acontecimientos que, sin la ayuda de ZP hubieran quedado en el olvido.

El texto que sigue es el último manifiesto de José Antonio Primo de Rivera fechado el 17 de julio de 1936 en la carcel de Alicante, de donde nunca saldría sino para recibir cristiana sepultura tras su fusilamiento el 20 de noviembre de 1936. Es todo un prodigio de claridad y de síntesis -resultan escalofriantes algunos paralelismos con la realidad actual de España- y constituye un valiente mensaje lleno de la esperanza que hoy hace setenta y un años llenó los corazones de la mejor juventud de España.


LFU

Un grupo de españoles, soldados unos y otros hombres civiles, no quieren asistir a la total disolución de la Patria. Se alza hoy contra el Gobierno traidor, inepto, cruel e injusto que la conduce a la ruina.

Llevamos soportando cinco meses de oprobio. Una especie de banda facciosa se ha adueñado del Poder. Desde su advenimiento no hay una hora tranquila, ni hogar respetable, ni trabajo seguro, ni vida resguardada. Mientras una colección de energúmenos vocifera –incapaz de trabajar– en el Congreso, las casas son profanadas por la Policía (cuando no incendiadas por las turbas), las iglesias entregadas al saqueo, las gentes de bien encarceladas a capricho por tiempo ilimitado; la ley usa dos pesos desiguales: uno para los del Frente Popular, otro para quienes no militan en él; el Ejército, la Armada, la Policía, son minados por agentes de Moscú, enemigos jurados de la civilización española; una Prensa indigna envenena la conciencia popular y cultiva todas las peores pasiones, desde el odio hasta el impudor; no hay pueblo ni casa que no se hallen convertidos en un infierno de rencores: se estimulan los movimientos separatistas; aumenta el hambre, y, por si algo faltara para que el espectáculo alcanzase su última calidad tenebrosa, unos agentes del Gobierno han asesinado en Madrid a un ilustre español, confiado al honor y a la función pública de quienes lo conducían. La canallesco ferocidad de esta última hazaña no halla par en la Europa moderna y admite el cotejo con las más negras páginas de la Checa rusa.

Este es el espectáculo de nuestra Patria en la hora justa en que las circunstancias del mundo la llaman a cumplir otra vez un gran destino. Los valores fundamentales de la civilización española recobran, tras siglos de eclipses, su autoridad antigua, mientras otros pueblos que pusieron su fe en un ficticio progreso material ven por minutos declinar su estrella; ante nuestra vieja España misionera y militar, labradora y marinera, se abren caminos esplendorosos. De nosotros, los españoles, depende que los recorramos. De que estemos unidos y en paz, con nuestras almas y nuestros cuerpos tensos en el esfuerzo común de hacer una gran Patria, Una gran Patria para todos, no para un grupo de privilegiados. Una Patria grande, unida, libre, respetada y próspera. Para luchar por ella rompemos hoy abiertamente contra las fuerzas enemigas que la tienen secuestrada. Nuestra rebeldía es un acto de servicio a la causa española.

Si aspirásemos a reemplazar un partido por otro, una tiranía por otra, nos faltaría el valor –prenda de almas limpias– para lanzarnos al riesgo de esta decisión suprema. No habría tampoco entre nosotros hombres que visten uniformes gloriosos del Ejército, de la Marina, de la Aviación, de la Guardia Civil. Ellos saben que sus armas no pueden emplearse al servicio de un bando, sino al de la permanencia de España, que es lo que está en peligro. Nuestro triunfo no será el de un grupo reaccionario, ni representará para el pueblo la pérdida de ninguna ventaja. Al contrario: nuestra obra será una obra nacional, que sabrá elevar las condiciones de vida del pueblo –verdaderamente espantosas en algunas regiones– y le hará participar en el orgullo de un gran destino recobrado.

¡Trabajadores, labradores, intelectuales, soldados, marinos. guardianes de nuestra Patria: sacudid la resignación ante el cuadro de su hundimiento y venid con nosotros por España una, grande y libre. Que Dios nos ayude! ¡Arriba España!
Alicante, 17 de julio de 1936.

JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

14 de julio de 2011

En Rusia están...


Me perdonará mi amigo y paisano Gonzalo García, que apostille el emocionado y justo recordatorio que bajo el título "Con mi canción la gloria va. 70 años" dedicó a los jóvenes que ayer hace 70 años partieron de diferentes puntos de España para luchar contra el comunismo. Lo suscribo de la cruz a la fecha.

Es triste contemplar el olvido y desprecio que la España oficial hace de aquellos 45.000 jóvenes llenos de vida y pletóricos de ideal, 5.000 de los cuales quedaron en Rusia para siempre honrando con el tributo de sus vidas la bandera de la patria. Recuerdo que en el Alcázar de Toledo que yo conocí, había una placa dedicada por la Academia Turca que decía: "Un estandarte no es una bandera si no se ha derramado sangre por ella. Una tierra no es una patria si no se ha muerto por ella". Los falangistas y soldados de la División 250 - que no fueron a luchar contra los rusos sino contra el comunismo- ofrecieron al mundo un ejemplo de heroísmo, caballerosidad, abnegación y humanidad, que no debe caer jamás en el olvido. Un pueblo que olvida y reniega de sus héroes es un pueblo sin alma y me niego a alistarme en la cofradía del silencio tan nutrida de cobardes y pusilánimes.

Por eso me honro en traer hoy a esta página el recuerdo de tantos españoles cuya sangre no merece el olvido, la esterilidad ni la traición.


LFU


13 de julio de 2011

José Calvo Sotelo. In memoriam

«Hicieron falta siglos para que España estuviera en lo mas alto y sin embargo bastan sólo dos años en manos de un monstruo para arruinarla»

El "monstruo" del que hablaba era Azaña. Cabe preguntarse qué habría dicho D. José de haber conocido a Zapatero, pero los pistoleros del Psoe le ahorraron el disgusto.

En el LXXV aniversario del asesinato de uno de los mejores políticos que alumbró nuestra patria,

José Calvo Sotelo ¡PRESENTE!

LFU

11 de julio de 2011

Breves notas sobre el régimen legal del Valle de los Caídos


Con el ánimo didáctico de aclarar el sinfín de informaciones confusas y equívocas, cuando no intencionadamente mendaces- sobre la situación legal del Valle de los Caídos, desgrano a continuación, breve y esquemáticamente, algunas notas sobre la legislación interna e internacional que regulan el monumento y lugar de culto y que el Gobierno de España parece desconocer en su actuación de asedio a la Abadía que comenzó en el año 2009.

  1. El Decreto-Ley de 23 de Agosto de 1.957 por el que se creó la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos –que nunca ha sido derogado- establece que el Jefe del Estado, ejerza el Patronato de la Fundación, su representación y la titularidad del Monumento con todos sus bienes y pertenencias, asegure su conservación, y vele por el cumplimiento de los fines religiosos y sociales a que está destinado. Además, dispone en su artículo 2 que el Patronato de la Fundación de la Santa Cruz queda integrado en el Patrimonio Nacional.
  2. El Decreto-Ley citado dispone en su artículo 5 las obligaciones mínimas de la Abadía Benedictina:
    1. Mantener el culto con todo el esplendor que la Iglesia recomienda, con cargas especiales para ciertos días.
    2. Dirigir y adiestrar una escolanía que contribuya a la mayor solemnidad de las celebraciones litúrgicas.
    3. Dirigir el Centro de Estudios Sociales, con su Biblioteca, publicaciones, becarios y pensionados.
    4. Celebrar en sus locales tandas de ejercicios espirituales.
    5. Cuidar de la Hospedería y atender a los huéspedes.
  3. De acuerdo con su artículo 6, En tanto en cuanto cumpla fielmente las anteriores obligaciones, la Abadía Benedictina tendrá derecho a permanecer en la Fundación y a recibir, para el cumplimiento de sus fines fundacionales, los productos de sus bienes.
  4. La Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos es de titularidad pontificia por breve pontificio de 1960 firmado por el papa Juan XXIII. Previamente, el papa Pio XII el papa Pío XII emitió el 27 de mayo de 1958 el breve pontificio Stat Crux, mediante el cual ordenaba a la Comunidad Benedictina la custodia del lugar de culto.
  5. De acuerdo con el artículo 1.5 de los Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede, de 3 de enero de 1979, los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado.
  6. Según la vigente Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno y sus fines son la gestión y administración de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional y la conservación, defensa y mejora de los bienes y derechos del Patrimonio Nacional.
  7. Según el artículo 2 de la referida Ley se integran en el citado Patrimonio los derechos y cargas de Patronato sobre las Fundaciones y Reales Patronatos u que se refiere la presente Ley.
  8. En la Disposición Final Tercera de la Ley del Patrimonio Nacional se indica que las funciones atribuidas al Jefe del Estado por el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957, en el Patronato de la Fundación que constituye, se entenderán referidas al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. Es decir, curiosamente, sin nombrar específicamente al Valle de los Caídos, se establece que la titularidad, representación y patronato de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos lo ejerza el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.
  9. El artículo 16.1 de la Ley de memoria histórica, que no deroga el Decreto Ley de 1957 establece con claridad que El Valle de los Caídos se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos.
  10. Finalmente, la competencia en materia de Policía Sanitaria y Mortuoria fue transferida a la Comunidad de Madrid por RD 1359/1984. El Decreto 124/1997, por el que se aprueba el Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid, establece que toda exhumación de cadáveres precisa autorización de la Consejería de Sanidad, a solicitud de algún familiar o allegado del difunto.

Dicho lo anterior, podemos concluir que:

1. La Comunidad benedictina tiene derecho a permanecer en el Valle de los Caídos, sin poder ser removida de ella salvo que no cumpliesen los fines fundacionales.

2. El Patronato de la Fundación del Valle y la titularidad del Monumento corresponden al Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que depende orgánicamente de Presidencia del Gobierno.

3. El Consejo de Administración de Patrimonio Nacional está incurriendo en una gravísima responsabilidad legal al hacer dejación de las funciones de protección y conservación del monumento del que ostenta la titularidad legal y al haber dejado de entregar a la Comunidad Benedictina, para el cumplimiento de sus fines fundacionales, los productos de sus bienes, desde el momento en que tomó la decisión de no cobrar entrada. Para hacerse una idea de la dimensión del problema, la recaudación del año 2009 se situó en una cifra cercana a un millón de euros, que se está perdiendo desde que en marzo se dio la orden de cerrar la abadía a la visita pública.

4. Es evidente el intento de ahogar económicamente a la Abadía y dejar que el monumento se deteriore para tratar de justificar el cierre y la expulsión de la Orden benedictina del Valle de los Caídos.

5. Salvo por orden judicial, no puede exhumarse ningún cadáver sin la autorización (i) de su familia (ii) de la Comunidad de Madrid y (iii) del Abad del Valle de los Caídos, con dignidad episcopal y cuya jurisdicción eclesiástica se extiende por todo el complejo del Valle de los Caídos, desde la verja de entrada, máxima autoridad en el recinto.

6. El gobierno de España no tiene competencia ni autoridad para ordenar ninguna exhumación, ni del Generalísimo Franco ni de ninguna otra persona, so pena de incurrir en un delito de profanación y de prevaricación.

7. La familia Franco -a la que a fecha de hoy no se ha dirigido el Gobierno- ya ha declarado de forma expresa que no esta dispuesta a conceder la autorización para el traslado de los restos del Generalísimo.


P.D. Tranquiliza saber que Roma, a través del Nuncio Fratini ha reiterado su apoyo a la Comunidad Benedictina


LFU


7 de julio de 2011

Presentación del Documental sobre el asesinato de Calvo Sotelo



El próximo lunes 11 de julio, a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Universidad CEU San Pablo de Madrid (calle Julián Romea, nº 23) tendrá lugar el acto de presentación y proyección del nuevo documental elaborado por el Centro de Estudios Históricos del CEU, sobre la detención y asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio de 1936, cuando se cumple el LXXV aniversario de la muerte del protomártir, con la asistencia, entre otros, de su única hija viva.


Asimismo, el martes 12 de julio a las 22.00 horas, el espacio de Telemadrid "Madrid Opina" proyectará el documental en abierto.








Con este motivo, quiero felicitar al CEU y muy particularmente a mis queridos amigos los profesores D. Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Eugenio Togores, a quienes desde aquí envío un abrazo fraternal, por su celo en la defensa y recuperación de la verdad histórica de España.





LFU

30 de junio de 2011

Dictaduras y dictaduras




«La damnatio memoriae es inevitable, sobre todo cuando los enanos suceden a los gigantes, aunque el gigante sea en el caso presente un señor bajito y gordito a quienes los chistosos de la época llamaban “el Enano de El Pardo”.»


Por Aquilino Duque

Hasta que se hizo realidad en el siglo XX gracias a soviéticos y nazis, el concepto de Estado totalitario gozó de un gran prestigio, como puede comprobar quien tenga la curiosidad de leer por ejemplo a Antonio Gramsci. Tanto era así que el proyecto de los regímenes instaurados en Italia en 1922 y en España en 1939 no era otro que el de implantar el Estado totalitario. “Todo en el Estado, nada fuera del Estado”, decía Mussolini en la línea del Hegel que consideraba al Estado la encarnación de Dios sobre la tierra. En Italia esa meta, si llegó a alcanzarse, fue en la efímera República de Salò, la Elba de Mussolini. En los años de euforia y de bonanza, el “Estado ético” del Duce no tuvo más remedio que convivir con la Monarquía y con el Vaticano y de paso dejar espacios más o menos libres a la sociedad civil. La actividad académica, intelectual y editorial de Benedetto Croce es el ejemplo más llamativo. Si en España se soñó con ese ideal totalitario, la marcha de la guerra mundial se encargó de disipar el sueño, y a pesar de las apariencias – partido único, sindicatos verticales, autarquía económica, etc. – el régimen que quería ser totalitario tuvo que quedarse en simplemente autoritario. A pesar de sus analogías con el régimen autoritario que lo precedió, el nuevo Estado no aceptó la etiqueta de “Dictadura”, por la sencilla razón de que, técnicamente, una dictadura tiene una duración limitada, mientras que la magistratura del nuevo Jefe del Estado anunció desde el primer momento su carácter vitalicio. Una dictadura es un régimen de excepción que deja en suspenso la legalidad vigente hasta que cesan las circunstancias excepcionales que impusieron esa suspensión y el dictador deja paso al statu quo ante. No fue ése ciertamente el caso de España, como no lo había sido el de Portugal, que nos precedió en el propósito de fundar un “Estado nuevo”. El de ellos conservaría el formato republicano, mientras que el nuestro acabaría decantándose por el monárquico con todas sus consecuencias, independientes éstas ya de la voluntad del “anterior Jefe del Estado”.

La demonización de que éste sería objeto, no ya por los vencidos en la guerra civil, hasta cierto punto normal, sino por muchos de los que medraron al socaire de la victoria y mientras vivió le profesaron una “adhesión inquebrantable”, hizo que conceptos de teoría del Estado se convirtieran en simples armas arrojadizas. Uno de esos conceptos era el de “dictadura”, como radicalmente opuesto al de “democracia”. No creo que nadie niegue a estas alturas que al concluir la guerra mundial y dividirse el mundo en bloques distintos, uno de los conceptos por los que se regía uno de ellos, el de las redundantes “democracias populares” del llamado “socialismo real”, era el de la “dictadura del proletariado”, una dictadura que no tenía nada de transitoria como la heredada del Derecho Romano, sino que iba para milenaria como la “nacionalsocialista” del III Reich. Fue precisamente uno de los juristas de esta “dictadura”, Carl Schmitt, teórico incluso del Führerprinzip, el que vio y señaló la diferencia entre lo totalitario y lo autoritario. Ya con anterioridad había trazado la diferencia en la Roma clásica entre la dictadura de carácter transitorio y excepcional que él llamaría “comisarial” y la dictadura por así decir constituyente y vitalicia, que llamaba “soberana”, y cuyos ejemplos más notables fueron la de Sila y la de Julio César. Ese matiz se borró con la Revolución Francesa, que por dictadura sólo entendía la transitoria, mientras que la otra, la fundacional y constituyente, se consideraba despotismo o tiranía. Schmitt había asesorado a los Presidentes de la República de Weimar, Von Schleicher y Von Papen, y en vista de la parálisis parlamentaria y de la amenaza de las dos fuerzas antisistema: el KPD y el NSDAP, o sea, comunistas y nazis, le propuso a Von Schleicher una “dictadura comisarial”, prevista en el artículo 48 de la Constitución de Weimar, que dejara a estas fuerzas fuera del juego político. Fueron los antisistema los que se saldrían con la suya y fue entonces cuando Schmitt, aconsejado por Heidegger, se convirtió en Kronjurist de los vencedores. Esto ocurrió entre 1933 y 1934, pero ya en 1936 empezó a verle las orejas al lobo, y en el ensayo Staat, Bewegung, Volk procuró siguiendo a Hobbes poner unos cauces de estado de derecho y de seguridad jurídica a la “dictadura soberana” que se acababa de implantar. La primacía que en ese escrito se daba al Estado sobre el partido y el jefe no dejó de percibirse como una crítica velada, y el órgano de las S.S. Das schwarze Korps le dedicó un par de artículos de los que ya entonces allanaban el camino, como dijo alguien, “al exilio o al campo de concentración”. Hermann Goering salió en su abono, pero el Kronjurist hubo de dejar la corona y retirarse a la vida privada. Algo parecido le ocurriría años después a su amigo Ernst Jünger cuando publicó Los acantilados de mármol, sino que esta vez fue el propio “Kniébolo” de la novela el que lo puso bajo su alta protección.

Nadie pondrá en duda el carácter totalitario del régimen nacionalsocialista, favorecido desde luego por la guerra y la consiguiente “movilización total” de que ya hablara Ludendorff durante la guerra precedente. La guerra es el estado de excepción por excelencia y si en España cabe hablar de “dictadura” en la segunda mitad del siglo XX , esa “dictadura” se reduce a los años de guerra y de inmediata trasguerra en que la “unidad de mando” era esencial para ganarla y para aguantar el acoso de los vencedores en la guerra mundial. Fue entonces cuando Javier Conde elaboró su teoría del Caudillaje, en la línea del Führerprinzip de Schmitt, y cuando el Caudillo, al menos de boquillas, tuvo alguna veleidad totalitaria. Esas veleidades no pasaron de retóricas, con gran desengaño de los intelectuales del Partido Único, al comprobar que Franco, al erigirse en secretario general de ese Partido, ahora denominado Movimiento, no hacía más que supeditarlo al Estado. Ese y no otro es el origen inconfesable del antifranquismo de aquellos intelectuales entre los que tuve grandes amigos. De esta suerte, la “dictadura soberana” de Franco daría en parecerse más a la “dictadura comisarial” de Primo de Rivera que a la nazi o la soviética, a la vez que le daba la razón al Donoso Cortés que prefería la dictadura del sable a la del puñal. Franco fue aun más allá y al lado del sable puso el hisopo, otro agravio para los del punyalet al cinto.

De estos dos conceptos del Estado es el autoritario el que es realmente incompatible con la democracia a secas, como pudo verse en Italia durante el Ventennio y en la Península Ibérica durante bastantes años más. En cambio la idea totalitaria se lleva muy bien con la democracia, hasta el punto de que si ésta se lleva a sus últimos extremos, desemboca en lo que el liberal Tocqueville llamó “despotismo democrático”. De ahí que las democracias occidentales hayan tenido que recurrir a adjetivos como “parlamentaria” o “constitucional” para no verse confundidas con las otrora llamadas “democracias reales”.

Cada régimen político tiene sus reglas de juego, es decir, su ordenamiento jurídico, incluso en las democracias totalitarias o dictaduras del proletariado, sus constituciones o leyes fundamentales y sus mecanismos para dejarlas en suspenso. En el último tercio del “régimen anterior” funcionó un Tribunal de Orden Público como en el actual funciona un Tribunal Constitucional. Cada régimen tiene también sus especies protegidas, y desde que impera en Occidente la inversión de valores del “espíritu inmundo” del 68, no hace falta decir cuáles son las del “régimen actual”. Estas “especies protegidas” de la democracia totalitaria no se limitan a darle la vuelta al lenguaje sino que exigen que todos hablen ese lenguaje por obligación. Esa inversión de los significantes impone una inversión de los significados, de suerte que meros tecnicismos se convierten en armas arrojadizas. No digo nada nuevo. Ya en este sentido dijeron cosas muy cuerdas Angel Ganivet o Antonio Machado. Eso y no otra cosa es lo que ocurre con la palabra “dictadura”, que los demócratas de todos los pelajes emplean a tontas y a locas y que llegan a imponer en el ejercicio de una censura propia de las democracias populares o dictaduras del proletariado. En tiempos del “régimen anterior”, había una censura peor que la oficial, de la que fue víctima por ejemplo el novelista Manuel Halcón, en cuya defensa escribió Paulina Crusat aquello de que “la peor censura no es la que manda callar, sino la que obliga a decir”. La que entonces mandaba callar le hizo a Carlos Fuentes el mismo favor que le hizo la censura estadounidense a James Joyce cuando impidió el acceso al Ulysses de las masas progresistas del país, y a mí el de quitarle a un poema mío un postizo puesto con el fin de complacer a la otra censura, la que obligaba a decir. Esta en cambio era la que llevaba la voz cantante y dominaba un cotarro literario en el que no eras nadie si no eras poeta “social”, dramaturgo “comprometido” o novelista “testimonial”. Huelga decir que la meta a que aspiraba este personal no era la democracia formal o parlamentaria, sino la democracia real o popular. Su indignación no tuvo límites cuando Solyenitsin vino a la televisión española a confirmar la doctrina jurídica de Carl Schmitt explicando con ejemplos al canto, o “a la luz de la praxis” como entonces se decía, la diferencia abismal existente entre un régimen totalitario como el soviético y uno simplemente autoritario como el español.

Alguna vez creo haber dicho, no recuerdo dónde ni a santo de qué, que la Historia contemporánea que yo estudié en el Bachillerato no pasaba del Desastre del 98, ya que todo lo escrito después no era historia, sino prensa y propaganda. Lo mismo cabe decir de toda la historiografía oficial desde la implantación del régimen actual. Puede pasar si se la toma por crónica pura y simple, y desde luego no escapa a la damnatio memoriae de los que detentan el poder. La damnatio memoriae es inevitable, sobre todo cuando los enanos suceden a los gigantes, aunque el gigante sea en el caso presente un señor bajito y gordito a quienes los chistosos de la época llamaban “el Enano de El Pardo”.