La Iglesia ante La exhumación de Franco. Por Luis Felipe Utrera Molina

Artículo publicado en "La Razón el día 20 de octubre de 2018.

Admito que no es nada fácil en estos tiempos, marcados por el signo de la posverdad, tratar de hacer justicia a una figura histórica como la de Francisco Franco, que ha sufrido, como pocas, el zarpazo de la manipulación más grosera, auspiciada desde las propias instituciones del Estado y que ha terminado por desdibujar por completo su verdadera significación, como persona y como gobernante, consiguiendo que hasta quienes moralmente están obligados a defender -o al menos respetar su memoria y su obra- no se atrevan a hacerlo en público por temor a ser señalados y condenados al oprobio.
A nadie se escapa que el objetivo que persigue el gobierno socialista con el proceso iniciado para exhumar sus restos mortales, no es otro que la teatral culminación de un proceso de revancha histórica comenzada décadas atrás por la izquierda más montaraz con el objeto de  deslegitimar por completo a quienes ganaron la guerra civil española, exaltando el papel victimario, buenista y menesteroso del bando perdedor, ocultando el genocidio católico desatado por el Frente Popular y presentando al bando nacional como despiadados verdugos fascistas.  En esta línea cabe recordar el reciente tuit de Pablo Iglesias condenando un loable vídeo gubernamental en el que  dos viejos soldados combatientes en  la guerra se abrazaban sin rencor: "Equipara un pijama de rayas con el uniforme de las SS", dijo el dirigente comunista.
Con la profanación del cadáver de Francisco Franco el gobierno pretende sellar simbólicamente la condena de toda una generación de españoles que, bajo su mandato, rescataron a España de las garras del comunismo e hicieron posible con enorme esfuerzo, sacrificio e ilusión y, cómo no, también con errores, la España en paz de la que hoy disfrutamos. Por eso no es moralmente admisible permanecer callado ante la sectaria criminalización de la generación de nuestros padres y abuelos. Una generación que sufrió el terrible drama de una guerra entre hermanos y nos enseñó con su ejemplo y abnegación el camino de la verdadera reconciliación que no era otro que la búsqueda de la verdadera justicia social eliminando las terribles desigualdades que sirvieron como caldo de cultivo de una guerra en la que todos los españoles perdieron tanto.
Es tan inicuo y tan injusto el objetivo político del gobierno, que cuesta trabajo creer que parte de la jerarquía de la Iglesia pueda convertirse en cómplice de un hecho de tanta gravedad en el orden moral. Conviene recordar que quien hoy es tratado injustamente como tirano y otros calificativos del mismo jaez, fue distinguido por el Papa Pío XII con la Suprema Orden de Cristo con las siguientes palabras: “Hemos visto a Cristo triunfar en la escuela, resurgir la Iglesia de las ruinas abrasadas y penetrar el Espíritu Cristiano en las Leyes, en las instituciones y en todas las manifestaciones, otra vez en nuestra Historia”.
Cualquier jurista medianamente formado sabe que el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para exhumar a Franco resulta de imposible ejecución sin la autorización de la autoridad eclesial, toda vez que la Basílica en la que se encuentra enterrado está consagrada como lugar de culto y, como tal, resulta inviolable de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados Iglesia Estado de 1979.  Pese a ello, la firme oposición de la Comunidad benedictina a cualquier exhumación en contra de la voluntad de la familia de los allí enterrados, apenas ha merecido el respaldo, cuando no una disimulada incomodidad, por parte de la jerarquía episcopal, temerosa de ser encuadrada políticamente por el mero hecho de limitarse a defender su jurisdicción sobre los lugares de culto, sin percatarse de que la renuncia a dicha defensa sentaría un peligrosísimo precedente de consecuencias impredecibles para otros lugares sagrados en España.
Somos muchos los católicos que no entenderíamos que la jerarquía de la Iglesia colaborase de forma activa o pasiva en un acto de profanación tan execrable como el pretendido por el gobierno por contravenir de forma grave la moral cristiana.  Soy consciente de que los tiempos han cambiado, pero como decía Chesterton, «No quiero una Iglesia que se mueva con el mundo, sino una Iglesia que sea capaz de mover el mundo».  Y es que la sangre de los millares de mártires de la Iglesia en los años 30, víctimas del terror desatado por el Frente Popular, clama por el perdón y la reconciliación pero no merece que la jerarquía de la Iglesia acabe por dar la razón a sus verdugos.
Defender la verdad hoy, cuando arrecia la fuerza de la mentira, es un deber moral de todo cristiano.  Defender la memoria y el nombre de nuestros padres y de nuestros abuelos y afirmar en su recuerdo que en ambos bandos hubo víctimas y verdugos, héroes y villanos, no es un ejercicio de nostalgia infecunda sino que representa el ímpetu de la fidelidad, el brío de la esperanza, y, sobre todo, la decidida voluntad de no traicionar jamás a quienes con su sacrificio, sin pedir nada a cambio, levantaron los cimientos de una España libre, distinta y reconciliada como la que teníamos antes de que la maldita ley de memoria histórica irrumpiese en nuestras vidas para sembrar de nuevo la semilla del odio en el corazón de los españoles.

Luis Felipe Utrera-Molina, abogado

Nuevos escolios hispanos (II)

Una familia numerosa es una ciudad, una calzada romana, una constelación. Un lugar al que uno quiere ir a vivir, caminar por él hacía un destino y una guía segura en las noches oscuras pero estrelladas. Desde el alba de los tiempos siempre fue así. Introducir la insidia de que no es responsable crear familias así es una victoria de la cultura de la muerte que teme con razón que estas familias devuelvan el rumbo y la esperanza a una sociedad sin norte.

FUEYO

Nuevos escolios hispanos (I)

Arriba cuenta desde hoy con un nuevo colaborador, FUEYO,  dispuesto a afrontar el reto de emular a Gómez Dávila en su genial producción de escolios o aforismos

NUEVOS ESCOLIOS HISPANOS

Mi intención no es otra que seguir una tradición. La de las máximas o aforismos en nuestro idioma. Muy lejano de la estatura del colombiano Gómez Dávila, trataré de seguir la estela de sus magníficos escolios, en la confianza de que el Espíritu compense mis evidentes carencias, pues no es otra mi intención que mi pluma sirva Ad Maiorem Dei Gloriam.

Matrimonio

1.         Es bueno apreciar la belleza que nos circunda, pero aún mejor es celebrar la que nos abraza.

2.         Lo peor de la soberbia miope y condescendiente de la modernidad es que quiere arrebatarnos los tesoros celosamente guardados por la Iglesia Católica desde siglos para vulgarizarlos en tristes sucedáneos. Somos conscientes que el matrimonio es un Montblanc, un monte Elbrús o un K2. No todos pueden subirlo, puede costarte la vida pero sabemos con certeza y admiración de alguien que pudo. Sabemos positivamente de la plenitud de esa ascensión, de sus frutos incontables y que ponerse en camino es un comienzo que merece la pena, que eleva nuestra condición. Nos quieren privar, por nuestro bien, de la belleza, altura y grandeza de esa realidad, de ese motivo de perpetua conversión.

3.         El motivo de la continua lucha contra el matrimonio custodiado por la Iglesia Católica es originario. Se ha olvidado lo que hay en juego. Nuestra condición herida por el pecado original comienza a restaurarse en ese camino de santidad . No lo puede permitir aquél que tentó.

FUEYO

La inviolabilidad del Valle de los Caídos

Ante la creciente confusión derivada de noticias falsas, medias verdades, declaraciones ligeras y manipulaciones, es hora ya de realizar algunas consideraciones estrictamente jurídicas sobre la decisión política del gobierno de exhumar el cuerpo de Francisco Franco Bahamonde.

En primer lugar, la Basílica – iglesia abacial del Valle de los Caídos- es un lugar de culto, por lo que se le aplica el artículo 1.5 del Acuerdo España-Santa Sede sobre asuntos jurídicos, de 3 de enero de 1979, que garantiza su inviolabilidad “con arreglo a las Leyes”.

El Acuerdo concordatario citado es un tratado internacional, tal y como ha afirmado pacífica doctrina del Tribunal Constitucional y en virtud de los artículos 95.1 y 96.1 de la Constitución, sus normas, incorporadas al ordenamiento jurídico español, no pueden ser modificadas unilateralmente por leyes internas, estatales o autonómicas. Así, la inviolabilidad debe entenderse como una inmunidad frente al poder estatal (legislativo, por lo ya expresado-, ejecutivo y judicial). Sigo en este punto el Diccionario Jurídico Espasa, 2ª edición, Madrid, 2001, de cuya voz “inmunidad eclesiástica” es autor José María Sánchez, catedrático de Derecho eclesiástico del Estado.

El término “inviolable”, codificado por el Derecho internacional (artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961, en vigor desde el 24 de abril de 1964), según la costumbre y la praxis internacionales, implica que los agentes del Estado receptor no pueden penetrar en los locales de una  misión diplomática sin consentimiento del jefe de dicha la misión y que tales locales, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución.

La voluntad de las altas partes contratantes, Iglesia y Estado, tiene un contenido objetivable, que es el que corresponde a la inviolabilidad tal y como la entienden Derecho, costumbre y praxis internacionales. En el caso de la Iglesia, su voluntad no pudo ser otra que la de respetar el canon 1160 del Código de derecho canónico de 1917, vigente al tiempo de celebración del Acuerdo, que disponía para los lugares sagrados la exención de la  jurisdicción civil. Y eran lugares sagrados (can.1154 del mismo Código), y lo son, los destinados al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o bendición prescrita por los libros litúrgicos (can.1205 del Código de derecho canónico vigente de 1983).

El Código de derecho canónico vigente dice, de modo aun más amplio, que la autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados (can.1213). Y el artículo XXII. 3 del Concordato de 1953, antecedente del vigente artículo 1.5 del Acuerdo concordatario de 1979, disponía expresamente que los agentes del Estado no podían penetrar en los lugares sagrados sin autorización de la autoridad eclesiástica.

Lo anterior indica que el inciso del artículo 1.5 del Acuerdo concordatario de 1979, según el cual la inviolabilidad de los lugares de culto está garantizada “con arreglo a las Leyes”, no puede ni debe permitir que una norma estatal con fuerza de ley, como pueda serlo, entre otras, un decreto-ley, modifique lo que la inviolabilidad significa como inmunidad frente al poder estatal, negándola total o parcialmente.

La Abadía del Valle de los Caídos es un monasterio autónomo por ser una casa religiosa de de monjes bajo el régimen y el cuidado del Superior propio, sin que sus constituciones determinen otra cosa (can. 613 §1 del Código de derecho canónico vigente). En efecto, la condición jurídica de los benedictinos (monjes que habitan la Abadía y para quienes se instituyó), que no constituyen una orden religiosa, tiene por consecuencia que la Abadía esté bajo el régimen y cuidado de su Superior propio, y no de otra autoridad eclesiástica superior (el Obispo diocesano, según el Canon 615) que únicamente disfruta de una facultad de vigilancia para velar por el cumplimiento por el Prior administrador de las normas canónicas y concordatarias.

Por consiguiente, la única autoridad que tiene potestad canónica y consiguiente potestad reconocida por el Acuerdo concordatario de 1979 y el Derecho español para autorizar la entrada de cualesquiera agentes del Estado, gubernativos o judiciales, en la Basílica del Valle de los Caídos, es el Superior mayor de la Abadía, actualmente el Prior administrador.

Evidentemente, en último caso, la potestad sobre la exhumación podría ser avocada por el Papa, de conformidad con el canon 332 § 1 del Código de derecho canónico vigente. Mas cabe preguntarse qué sentido eclesial tendría esa avocación, exclusivamente para hacer canónicamente legítima una decisión política sin precedentes como la exhumación del cadaver de Franco en contra de la voluntad expresa de sus familiares directos y con ánimo claramente vejatorio del difunto, varón bautizado y caballero de la Orden Suprema de Cristo, cuando la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II, ha abandonado toda pretensión de intervención en materia temporal, para limitarse a emitir un juicio moral para salvaguardar y promover los bienes del orden sobrenatural. Ello sin considerar el peligroso precedente que constituiría en un país en el que se encuentran sepultados en lugares de culto tantos monarcas absolutos, una vez que el gobierno ha declarado por boca de su Vicepresidenta que "los dictadores no pueden estar enterrados en lugares de honor."

Luis Felipe UTRERA-MOLINA es abogado

La última batalla de Francisco Franco

Tras la victoria en Mühlberg (1547) sus huestes propusieron al emperador Carlos exhumar a Lutero de su tumba y esparcir sus restos. La respuesta de Carlos, que dice tanto de la nobleza del rey como de la vileza de la pretensión, fue la siguiente: Dejadle reposar; ya ha encontrado su juez. Yo hago la guerra a los vivos, no a los muertos.

Cinco siglos después, no son las huestes sino un gobernante de exigua estatura moral quien pretende hacer historia con minúsculas profanando la tumba de quien hace 82 años cometió la osadía de unirse a una sublevación cívico-militar contra un proceso revolucionario marxista y ser el primero y único en derrotar al comunismo en el campo de batalla: Francisco Franco Bahamonde. 

82 años ha tardado el Frente Popular en volver a gobernar en España y, como sucediera la otra vez, no lo ha hecho por la fuerza de las urnas. En febrero de 1936, su primera medida fue indultar a los condenados por el golpe de estado de octubre de 1934 haciendo ostentación de su desprecio por el Estado de derecho. En 2018 accede al poder con una propuesta estrella pronunciada solemnemente en el parlamento: exhumar a Francisco Franco, con el objeto de completar el círculo paranoide de una revancha retrospectiva iniciada por el gobernante más sectario de nuestra reciente historia, Rodríguez Zapatero.  Una revancha disfrazada cínicamente de reconciliación que ni un solo diputado del arco parlamentario nacional ha tenido la vergüenza torera de denunciar, no fuera a ser que se le tache de “fascista” como a los que paseaban en el 36.  

No demuestra el Partido socialista valor alguno, sino más bien todo lo contrario, con tan macabra pretensión. Valor habría hecho falta para sacar a Franco vivo del Pardo, pero ensañarse con su cadáver, cuarenta y tres años después de muerto, es un acto de suprema cobardía que pesará como un baldón sobre sus responsables.  Se trata de un acto ritual, de un macabro aquelarre con el que el Frente Popular pretende ganar simbólicamente, 80 años después, una guerra que provocó deliberadamente y perdió en el campo de batalla. Pero paradójicamente, para consumar su felonía, necesita ahora de la Iglesia católica, la misma que fue cobardemente perseguida y martirizada en los años 30 con más de 8.000 asesinados por causa de su fe y que ahora se encuentra ante el dilema de convertirse en cómplice de una póstuma humillación del hombre que salvó a la Iglesia del mayor genocidio que había sufrido desde tiempos de Nerón.

Con la ley en la mano, Sánchez no tiene nada fácil lograr su propósito, ante la rotunda negativa de los legítimos propietarios de los restos mortales del Generalísimo, sus nietos, quienes han hecho gala de una firmeza y dignidad encomiables ante las presiones recibidas del ejecutivo. El gobierno no ha dudado en mentir abiertamente lanzando mensajes falsos sobre la existencia de negociaciones y acuerdos con la familia que sólo han existido en la mente del nuevo gurú mediático de la Moncloa. 

Tampoco tiene asegurado, sino más bien difícil, el plácet de la Iglesia para que sus comandos exhumadores puedan entrar en un lugar sagrado que, como basílica pontificia, tiene carácter inviolable de acuerdo con los Acuerdos vigentes entre la Iglesia y el Estado. Una vez más, su pomposo anuncio se ha dado de bruces contra el muro de la dignidad de una Comunidad Benedictina que no está dispuesta a servir de comparsa de las macabras pretensiones socialistas.

Con todo ello, es enorme el poder de un gobierno en un país en el que los mecanismos de contrapoder son escasos, lentos y pesados. Como dijera Franco en el año 1936, ellos lo tienen todo, menos la razón.  Sánchez se arriesga muy seriamente a tener que responder ante la justicia si decide despreciar el estado de derecho para no quedar en ridículo ante sus huestes, sedientas de rencor y de venganza contra la media España que entonces no se resignó a sucumbir.

La borrachera de poder que siguió a la patética moción de censura que le aposentó en la Moncloa, le llevó a prometer con mucha pompa que iba a disponer de algo que no era suyo y que se encontraba en un lugar sobre el que carece de jurisdicción, sin que fuera advertido de ello por los sesudos y forrados sanedrines de la memoria histórica.  Olvida el gobierno que Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos con autorización de su familia y que ésta no está dispuesta a que el cadáver de su abuelo sea públicamente humillado para complacer a una turba sedienta de venganza. Y sin la autorización de la familia, la jerarquía de la Iglesia no puede tolerar la pretendida profanación sin incurrir en gravísima responsabilidad, no sólo jurídica, sino también moral.

Nada más lejos de mi intención que despreciar al enemigo, porque en este caso dispone de todos los resortes del poder y cuenta con la indiferencia de la mayoría de los españoles, que viven en la inopia y a los que esta aberración histórica les trae sin cuidado. Pero son demasiadas las variables que no controla Sánchez en esta batalla sin par contra el cadáver de un General invicto que, si la Iglesia no lo impide, podría ganar, cuarenta y tres años después de su muerte y emulando al Cid Campeador, la última y más mediática de sus batallas.

Luis Felipe Utrera-Molina

Aún Cabalga. Por José Utrera Molina

El 21 de marzo de 2005, tras la retirada ilegal de la estatua ecuestre de Francisco Franco en la Plaza de San Juan de la Cruz, José Utrera Molina escribió este artículo que salió publicado en el diario La Razón. He pensado que hoy, en el fragor del debate miserable sobre la eventual exhumación del cadáver del Generalísimo, hubiera escrito algo muy parecido, porque jamás estuvo dispuesto a darse por vencido en su defensa de la verdad y en su lealtad al mejor gobernante que ha tenido España desde Felipe II. 

AÚN CABALGA

 «Pese a quien pese Franco cabalga aún en la Historia española. Somos ya minorías los que nos atrevemos a defenderle, pero no cabe duda de que estamos dispuestos hasta el último momento de nuestra existencia a ser leales con el hombre que entregó su vida por el bien de España y de los españoles.»

El derribo, con cobarde nocturnidad de la estatua de Franco, no es en modo alguno un episodio intrascendente. Es todo un escándalo emblemático, una acción torticera y malévola. Muchos españoles entre los cuales yo me encuentro, estimábamos que la transición había cubierto una etapa de la vida española en la cual la mirada hacia el porvenir, dejaba atrás las contiendas del pasado. Ya no es así. Me considero un superviviente de una de las etapas, a mi juicio más fértiles de la historia española. No hice la guerra en razón de mi edad, pero contribuí con mi esfuerzo a que una España marginada y deshecha pudiera reencontrarse con su destino. Estos ideales los trasmití a los que fueron mis camaradas, mis compañeros, muchos de los cuales ya no viven. Nunca creí que los embalses del odio pudieran estar tan repletos. Hoy los vemos rebosantes y el odio es siempre una pasión aniquilante y devastadora. Volver otra vez a resucitar las dos Españas no es solamente una desdicha, es un acto de barbarie histórica. Las estatuas son el testimonio de una época, que queramos o no, están inscritas en la historia. Para unos con gloria, para otros posiblemente con sentimientos contrarios, pero los hechos no se pueden arrancar de raíz. No se puede prescindir en modo alguno con descalificaciones, manipulaciones y con el cultivo sistemático de la mentira, la historia de España.

Son muchos los que en estos días se han referido al criterio de Felipe González. También le menciono yo, porque creo que acertó al decir que “a Franco de alguna forma, debieron derribarlo cuando estaba vivo y montado a caballo y no muerto y convertido en esfinge”. Somos muchos, todavía, los españoles que al menos al término de nuestra vida no aceptamos este juego cínico, repulsivo e hiriente. Nuestra aspiración de vivir en paz no reside en la descalificación de los que pudieran ser nuestros adversarios. Hay un horizonte amplio y luminoso de porvenir en el cual debe instalarse la definitiva reconciliación de los españoles. Yo afirmo, que luché por ella y en mis discursos en la etapa en que tuve responsabilidad política se pueden leer frases que dicen: “Hay que unir la sangre de los que murieron con la sangre de los que mataron y abrir con esa unión un espacio de legítima esperanza”. Declaro que me siento humillado y escarnecido por la vejación que representa el hecho de ese atentado miserable iniciado  por el gobierno y ejecutado con repugnante alegría por la ministra Magdalena Álvarez.

Confieso mi perplejidad y me uno de todo corazón con las voces vibrantes y juveniles que ayer mostraron la adhesión a un Caudillo que no conocieron, empuño como ellos sus mismas banderas, me identifico con sus exclamaciones, me uno a sus vítores y ni me arrepiento ni me olvido de nada. Estos jóvenes estiman que el nombre de Franco está en la historia con letras de limpieza inmaculada. Por ello, me uno a sus canciones, a la expresión de sus amores desesperados y veo en ellos el germen de un nuevo horizonte, donde habrán de florecer de nuevo el respeto y la verdad. Podrán arrancar de su pedestal la estatua de Franco, podrán quebrar los planos materiales de su sustento, podrán mutilar su figura, podrán almacenar en un rincón cualquiera los restos de su imagen, pero con ello no van a terminar en modo alguno con su recuerdo. Pese a quien pese Franco cabalga aún en la Historia española. Somos ya minorías los que nos atrevemos a defenderle, pero no cabe duda de que estamos dispuestos hasta el último momento de nuestra existencia a ser leales con el hombre que entregó su vida por el bien de España y de los españoles. Mientras otros, que protagonizaron escalofriantes y atroces genocidios, reciben homenajes reales. Las brumas del tiempo oscurecerán transitoriamente la figura de Franco, las nubes del rencor intentarán lapidar su imagen, los torrentes del odio desatado creerán que han destruido su obra y su persona, pero contra viento y marea no podrán hacer bajar del pedestal de la historia a quien sirvió con abnegación y sacrificio los intereses de todos. Pienso con dolor que se inicia una nueva primavera bajo un signo inquietante de futuros enfrentamientos. Dios haga el milagro de que no volvamos como quiso José Antonio Primo de Rivera, a que los españoles nos entreguemos de nuevo al drama de discordias civiles. Repito como final, pese a la voluntad del gobierno, frente al sectarismo de los que no renuncian a ver con claridad la vida de España, Franco cabalga aún sereno y majestuoso en el aire de la Historia. He leído precisamente esta noche el inmortal soneto de Quevedo, en uno de sus versos se dice: “Vencido por la edad, sentí mi espada”, pues bien, ni los años podrán quebrantar mi ánimo, ni el peso de tan crueles injusticias abatir mi voluntad y el poder de mi fe”.

JOSE UTRERA MOLINA

Compañía de Jesús y Memoria histórica

Artículo publicado en ABC el 11 de junio de 2018

Ahora que la historia y la verdad padecen y perecen en cuanto desafían al pensamiento único dominante, pocos recuerdan que la Compañía de Jesús fue disuelta en enero de 1932 por el Gobierno presidido por Manuel Azaña, en aplicación del artículo 26 de la Constitución republicana, que declaraba disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran un voto especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. La disolución afectó a los 3.622 jesuitas españoles y, de la noche a la mañana, se clausuraron y nacionalizaron ochenta casas en España, dos universidades, tres seminarios, veintiún colegios de enseñanza secundaria, 163 de enseñanza elemental y profesional, conventos y casas de ejercicios, diecinueve templos, 47 residencias, 33 locales de enseñanza, 79 fincas urbanas y 120 rústicas. Se incautaron también saldos de cuentas bancarias y valores mobiliarios y todos sus bienes pasaron a manos del Estado.

En mayo de 1938, en plena guerra, Franco derogó el decreto de 1932, devolvió a la Compañía todas las propiedades incautadas por la República y parte del patrimonio incautado por Carlos III en 1772. En señal de agradecimiento, el entonces general de la Compañía, el P. Ledochowski, añadió el nombre del Generalísimo al de los fundadores y grandes benefactores de la Compañía y, posteriormente, en 1943, el P. Magni, vicario general, hizo llegar al Generalísimo un documento por el que la Compañía le agradecía el inmenso beneficio de la devolución de todos los bienes que la revolución le había arrebatado. En dicho documento -conocido como «Carta de hermandad»- se le comunica que se le hacía «participante de todas las misas, oraciones, penitencias y obras de celo que por la gracia de Dios se hacen y en adelante se harán en nuestras provincias de España». Con tan alta y excepcionalísima distinción, la Compañía cumplía con lo previsto en el capítulo I de la IV Parte de sus Constituciones, «De la memoria a los fundadores y bienhechores», afirmando que «es muy debido corresponder de nuestra parte a la devoción y beneficencia que usan con la Compañía».

No fue este, sin embargo, el único favor que recibió de Franco la Compañía. En 1968, el Generalísimo intervino directamente, a petición del rector de la Universidad Pontificia de Comillas, P. Baeza, para lograr el traslado de las facultades a Madrid, lo que provocó no sólo que este le renovase «mi gratitud que es mía muy especial pero que es de nuestra Compañía, a la que en plena Cruzada V. E. restauró en España y le devolución sus bienes y personalidad jurídica», sino una carta personal de gratitud del P. Arrupe que terminaba así: «En mis oraciones tengo siempre muy presente la persona y las intenciones de Vuestra Excelencia».

Resulta obligado este recordatorio porque me consta que, en uno de los colegios señeros de la Compañía, se veta desde hace años a los alumnos la posibilidad de hacer un trabajo sobre Francisco Franco, como personaje de la historia de España. No sucede lo mismo con Largo Caballero o con Azaña, verdadero artífice de la expulsión y disolución de la Compañía. Se trata tan solo de una anécdota, pero ciertamente ilustrativa de los estragos que la dictadura de lo políticamente correcto está haciendo, no sólo en la tradición abierta que siempre presidió la enseñanza en los colegios jesuitas, sino también al valor de la gratitud que, como recordaba recientemente el rector de la Pontificia Comillas, debe presidir siempre la actuación del cristiano en la vida pública.

Nadie puede negar, con un mínimo de rigor, que la Iglesia, con cerca de 8.000 sacerdotes y religiosas martirizados en la guerra civil (entre ellos 119 jesuitas que decidieron quedarse en la clandestinidad) consideró a Franco como su salvador, entre otras cosas porque los obispos de entonces (trece de ellos fueron brutalmente asesinados) tenían muy presente la horrible persecución que acababan de sufrir.

Hoy, ochenta años después de aquella tragedia, no faltarán jesuitas que se sorprendan al descubrir la alta distinción otorgada a Franco como gran benefactor de la Compañía, y más aún de las piadosas obligaciones que dicho tributo conlleva, claro que ellos ni recogieron en las cunetas los cadáveres de sus hermanos, ni vieron sus iglesias y bibliotecas incendiadas, ni todos sus bienes incautados, ni tuvieron que estudiar fuera de España para ingresar en la Compañía.

La historia no debería utilizarse jamás para aventar odios o venganzas, sino como aprendizaje en la formación del mañana. El conocimiento crítico y el debate sobre el pasado, con sus luces y sus sombras, es el mejor equipaje que puede ofrecerse a un estudiante, sin prostituirlo con censuras o vetos selectivos. Vivimos tiempos recios en los que la verdad está seriamente amenazada, otra vez, por tentaciones totalitarias, pero también por la ingratitud y la cobardía. Ojalá estas líneas sirvan para despertar a tantas conciencias anestesiadas dentro y fuera de la Iglesia y de la Compañía de Jesús y guiados por la búsqueda de la verdad y la excelencia -verdaderas señas de identidad jesuita- dejen, de una vez por todas, de colaborar activa o pasivamente con la falsificación hemipléjica de la historia de España.

Luis Felipe Utrera-Molina Gómez es Abogado

N. del A.: Se equivocan gravemente quienes vean en este artículo una crítica a la Compañía de Jesús. Los hechos que se describen, tanto los históricos como los recientes, son rigurosamente ciertos y desconocidos para la mayoría. La denuncia de algunos comportamientos sectarios e injustos en el seno de cualquier organización humana, no sólo es oportuna sino necesaria para su propia autocrítica y no impide mi reconocimiento hacia la labor de la Compañía de Jesús -de la que he sido alumno durante 16 años de mi vida-  a lo largo de su historia.  En un tiempo en el que la mentira -arma favorita del maligno- preside amplios espacios de la sociedad, nuestra obligación como cristianos es combatirla sin miedo, so pena de convertirnos en cómplices de la misma.