"Mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero especialmente para los que no pueden congraciarse con la patria, porque carecen de pan y de justicia.". JOSÉ ANTONIO

4 de marzo de 2009

Una victoria moral contra un gobierno que desprecia el derecho



La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declarando la nulidad de pleno derecho de la arbitraria decisión de la Ministra de Fomento al retirar la estatua de Francisco Franco de la Plaza de San Juan de la Cruz pone al descubierto la forma de actuar de un gobierno para el que el respeto a la ley tiene los límites de su propio interés.

La Sentencia -que reconoce la catalogación de la estatua como elemento singular con nivel de protección 1 histórico-artístico- en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, pone en evidencia no sólo al gobierno sino también al resto de las administraciones públicas madrileñas que no movieron un dedo para denunciar la flagrante ilegalidad cometida.

Sólo la Fundación Nacional Francisco Franco, como voz que clama en el desierto, se atrevió a denunciar -en medio del conformismo de la mayoría- la arbitrariedad cometida por la infable Ministra de Fomento. Ahora, cuatro años más tarde, se le da la razón, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid parece no atreverse a cargar sólo con el mochuelo de la única consecuencia juridica que conlleva la declaración de nulidad, que no es otra que la obligatoria reposición de la estatua. En primer lugar, el Tribunal no puede suplantar la voluntad del ejecutivo y presumir -aunque no le falte visión de futuro- que el Gobierno volvería a retirarla y que tal retirada es acorde con la Ley de Memoria Histórica (ya que ésta exceptúa claramente los casos en los que exista un interés artístico o histórico protegido por la ley). ¿Y si mañana hay un cambio de gobierno?. Pero además, es que el Gobierno tendría que seguir el procedimiento legalmente establecido para la retirada -que entonces incumplió- y entonces a la Fundación o a cualquier interesado le cabría el derecho a recurrir judicialmente la actuación administrativa, derecho del que la Sentencia está privando a todos los administrados causando una evidente indefensión. El argumento es tan peregrino que hace pensar en que el TSJ de Madrid ha querido mandarle la pelota al Tribunal Supremo, para que se moje.

En cualquier caso, se trata, por ahora, de una victoria moral contra un gobierno acostumbrado a hacer lo que le da la gana sin que nadie le tosa. Pues ahora le han tosido, y parece que bien fuerte.

¿A qué espera Maleni para dimitir?

LFU

1 comentario:

Anónimo dijo...

Que no dimita, por favor, que es lo más divertido de las noticias